Veinte estados demandan a Trump por prohibir ayuda a indocumentados con fondos para víctimas

• Estados demandan política migratoria
• Fondos para víctimas restringidos
• Trump enfrenta nueva querella

Según informa la agencia EFE, Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia presentó este miércoles una demanda contra una política del gobierno del presidente Donald Trump.

La querella legal busca frenar la prohibición que impide destinar subvenciones federales a servicios legales para inmigrantes indocumentados.

La medida fue establecida recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el concepto de “costos no admisibles”.

Según la disposición, los fondos asignados a programas de seguridad para víctimas no podrán usarse para brindar asistencia legal a indocumentados.

Fondos federales bajo nuevas restricciones

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— El Comentario (@ComentarioUdeC) October 1, 2025

Los recursos provienen de programas como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Estos fondos tradicionalmente cubren servicios para víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil, trata de personas y abuso a personas mayores.

Con la nueva política, los estados que reciben las subvenciones tienen prohibido emplear el dinero en casos de inmigrantes sujetos a deportación.

Existen excepciones limitadas, aunque no se han definido con claridad en la disposición federal.

Demandan a Trump por prohibir ayuda con fondos VOCA y VAWA

La demanda fue presentada en un tribunal de Rhode Island por fiscales generales de distintos estados.

En su alegato, argumentan que la prohibición viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos.

La coalición acusa al Departamento de Justicia de imponer restricciones ambiguas y poco claras.

Según el escrito, la norma deja a los estados y a sus organizaciones la tarea de “adivinar” qué servicios son considerados ilegales.

Impacto en servicios para víctimas

Eso, advierten, generará confusión y obligará a implementar sistemas onerosos para verificar el estatus migratorio de cada cliente.

La querella señala que el cambio pondrá en riesgo la atención de miles de personas en situación vulnerable.

El apoyo legal financiado por VOCA y VAWA incluye asistencia para presentar denuncias policiales.

También cubre órdenes de protección, solicitudes de indemnización y apoyo en disputas de custodia.

Estados firmantes y argumentos políticos

Rob Bonta, fiscal general de California, fue uno de los que se pronunció con mayor contundencia.

En un comunicado afirmó que la política “hace que nuestras comunidades sean menos seguras”.

Bonta advirtió que la condición vaga del Departamento de Justicia obligaría a organizaciones a recortar drásticamente sus servicios.

Incluso si cumplen con la norma, dijo, se exponen a sanciones por interpretaciones distintas del gobierno federal.

Enfrentamiento legal con la administración Trump

California lidera la demanda junto a estados como Nueva York, Illinois, Massachusetts y Washington.

En total, veinte estados y el Distrito de Columbia respaldaron la acción judicial.

Entre los firmantes también figuran Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.

Los demandantes sostienen que la política debilita la protección a víctimas de delitos en todo el país.