Trump ordena vigilar a manifestantes que estén en contra de ICE

• ICE amplía vigilancia masiva
• Gobierno apunta a opositores
• Manifestantes bajo escrutinio federal

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha entrado en una etapa marcada por gastos multimillonarios en herramientas de vigilancia, firmando contratos de hasta $25 millones para monitoreo de redes sociales, rastreo de ubicación de teléfonos celulares, reconocimiento facial y hackeo remoto, entre otras tecnologías.

Esta expansión tecnológica no es nueva en las operaciones de ICE, ya que la agencia ha recurrido desde hace años a estas herramientas para localizar a personas sujetas a deportación.

Un proceso que ha generado preocupación por su impacto en las comunidades inmigrantes y la acumulación masiva de datos personales de la población estadounidense.

Lo que sí representa un giro significativo es la postura abierta del gobierno federal de utilizar estas capacidades para perseguir a quienes se opongan a las operaciones de ICE, clasificando a manifestantes y a quienes los apoyan como “terroristas nacionales”.

Vigilancia de ICE impulsa nuevas capacidades

La administración sostiene que detrás de quienes protestan contra ICE existe una supuesta conspiración de izquierda para oponerse violentamente a la agenda del presidente, lo que ha derivado en catalogar a estas personas como parte de una amenaza interna.

En septiembre, el presidente Trump emitió un memorando instruyendo a fuerzas policiales y judiciales federales a enfocarse en ideologías consideradas motivadoras del “terrorismo interno”.

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Entre ellas el “antiestadounidismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; cualquier apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en cuestiones de inmigración, raza y género”, así como la oposición a “principios estadounidenses fundamentales”, un conjunto que incluye apoyo a las fuerzas del orden y al control fronterizo.

El memorando también destaca específicamente ataques y protestas contra ICE como áreas prioritarias de atención.

ICE anuncia investigaciones contra manifestantes

El director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó en una entrevista reciente que la agencia investigará a manifestantes antifascistas, opositores a ICE y a quienes los respalden económicamente, declarando que “vamos a seguir el camino del dinero” y señalando, sin prueba alguna, que en Chicago existen “agitadores profesionales contratados para ir a protestar”.

Lyons aseguró que para estas investigaciones ICE utilizará a su división poderosa pero poco conocida:

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad que tradicionalmente se dedica a delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de personas y violaciones aduaneras.

Aunque los actos de violencia contra agentes o instalaciones deben investigarse, no existe evidencia que confirme una campaña coordinada.

Tampoco la administración ha presentado indicios que respalden su afirmación de que los ataques contra agentes de ICE han aumentado un 1,000 por ciento.

De hecho, numerosos videos muestran que agentes de ICE emplean fuerza excesiva con frecuencia durante interacciones con el público, pero en lugar de sanciones, la administración ha presentado casos contra víctimas de estas acciones bajo acusaciones de terrorismo o resistencia a la autoridad.

Señalamientos amplían la definición de “violencia”

Distintos funcionarios han ampliado el concepto de violencia para incluir acciones como grabar a agentes o exponer sus identidades.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha señalado que revelar la identidad de agentes y filmar sus operaciones constituye un acto violento.

Además, documentos judiciales indican que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, considera a las personas manifestantes como “insurgentes violentos” y ha instruido a oficiales arrestar a quienes “realicen comentarios hiperbólicos”.

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento exponencial de las capacidades de vigilancia del gobierno ha ido acompañado de advertencias sobre su posible uso para vulnerar los derechos a la privacidad y la libre expresión.

Con la explícita campaña de la administración Trump para utilizar fuerzas policiales federales —incluyendo a ICE— contra opositores políticos, ese escenario ya es una realidad.