• Jueces evalúan sanciones al ICE
  • Migrantes pierden pertenencias tras liberación
  • Gobierno enfrenta posible desacato

La administración del presidente Donald Trump enfrenta posibles sanciones judiciales en Minnesota. Dos jueces federales evalúan imponer multas por acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las audiencias se centran en denuncias de que migrantes detenidos por el ICE fueron liberados por orden judicial sin recuperar sus pertenencias personales.

Abogados de los migrantes sostienen que el gobierno no cumplió con decisiones judiciales relacionadas con la devolución de documentos, dinero y otros objetos esenciales.

Sanciones contra ICE entran al centro del debate judicial

El caso involucra a más de dos docenas de personas que estuvieron bajo custodia migratoria y posteriormente fueron liberadas.

Las audiencias forman parte de litigios vinculados con arrestos realizados durante una operación migratoria conocida como Operation Metro Surge.

Autoridades judiciales buscan determinar si existió incumplimiento de órdenes judiciales y si corresponde aplicar sanciones.

Jueces federales ponen bajo la lupa las acciones del ICE

Sanciones contra ICE entran al centro del debate judicial
Sanciones contra ICE entran al centro del debate judicial. Foto ChatGPT

El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, compareció ante los jueces federales John Tunheim y Jeffrey Bryan.

La comparecencia respondió a cuestionamientos sobre la pérdida de pertenencias de más de dos docenas de migrantes.

El juez John Tunheim celebró una audiencia el jueves en Minneapolis para analizar el caso.

Durante la sesión evaluó si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe recibir un plazo para devolver los objetos perdidos.

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También analizó la posibilidad de que el gobierno compense económicamente a las personas afectadas.

Tunheim indicó que planea emitir una orden judicial para establecer un plazo que permita resolver los casos pendientes.

El magistrado también advirtió sobre posibles sanciones.

Si el gobierno no cumple con la devolución o compensación dentro del plazo fijado, podrían imponerse multas civiles diarias.

Posible desacato y defensa del gobierno

Mientras tanto, el juez Jeffrey Bryan analiza un aspecto distinto del caso.

Bryan evalúa si el fiscal Daniel Rosen podría ser declarado personalmente en desacato al tribunal.

La revisión está relacionada con al menos 28 casos en los que las pertenencias no habrían sido devueltas.

Durante su comparecencia, Rosen defendió la actuación del gobierno federal.

El fiscal negó que haya existido una desobediencia deliberada a las órdenes judiciales.

Según explicó, los problemas se produjeron por errores administrativos.

Los errores ocurrieron en medio de un gran volumen de liberaciones ordenadas por tribunales federales.

“Nadie ha desobedecido deliberadamente. Se han cometido errores, pero eso está muy lejos de constituir desacato al tribunal”, afirmó Rosen.

Impacto en los migrantes afectados

El fiscal explicó que el ICE tuvo que tomar decisiones rápidas para cumplir con los plazos judiciales.

Las autoridades enfrentaban numerosas órdenes de liberación emitidas de manera simultánea.

En algunos casos, los detenidos habían sido trasladados previamente a centros de detención en Texas.

Ese traslado complicó la logística para devolver pertenencias cuando los migrantes fueron liberados.

Rosen señaló que en ciertas situaciones se optó por liberar a los migrantes dentro del plazo judicial.

La liberación ocurrió incluso cuando sus pertenencias no estaban disponibles en ese momento.

El fiscal expresó que espera que los problemas disminuyan en el futuro cercano.

Indicó que la operación migratoria está reduciéndose gradualmente.

También afirmó que existen suficientes camas en centros de detención en Minnesota.

Esto permitiría evitar traslados a otros estados y facilitar la gestión de pertenencias.

Sin embargo, los abogados de los migrantes sostienen que la situación ha tenido consecuencias importantes.

Muchos de los afectados dependen de documentos personales para trabajar.

También necesitan herramientas y otros objetos para mantener su vida cotidiana.

Por esa razón, los litigios continúan mientras los tribunales analizan si corresponde imponer sanciones al gobierno federal.