• Demanda contra ICE en Roxbury
  • Centro migratorio genera polémica
  • Preocupación por servicios locales

El estado de Nueva Jersey busca impedir la instalación de un centro de detención para inmigrantes con capacidad de hasta 1.500 personas en un almacén del municipio de Roxbury.

La demanda, presentada este viernes, apunta directamente contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Autoridades estatales argumentan que el proyecto se está llevando a cabo sin cumplir leyes federales clave y sin considerar impactos locales críticos.

Nueva Jersey acusa a ICE de ignorar leyes en proyecto polémico

El documento legal señala que las agencias federales han ignorado leyes “fundamentales” exigidas por el Congreso.

Entre ellas se encuentran la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La demanda busca que un tribunal intervenga para detener el desarrollo del centro de detención.

También acusa al DHS de no haber consultado previamente con autoridades estatales y locales antes de tomar la decisión.

Según el documento, la reacción local fue inmediata tras conocerse el plan.

La gobernadora Mikie Sherrill expresó su “firme oposición”.

El Concejo de Roxbury también manifestó rechazo de forma unánime.

Preocupaciones por infraestructura y condiciones

El estado advierte que el sitio propuesto no es adecuado para albergar personas.

En la demanda se describe el almacén como un espacio logístico diseñado para paquetes, no para detención humana.

Se destaca que el lugar cuenta con solo cuatro inodoros, pese a que podría albergar a 1.500 detenidos y cientos de empleados.

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Las autoridades también señalan problemas potenciales relacionados con el suministro de agua y el sistema de alcantarillado.

El entorno del sitio es considerado sensible, lo que aumenta la preocupación por impactos ambientales.

Además, se menciona el riesgo de sobrecargar los servicios médicos de emergencia locales.

Roxbury cuenta con un servicio voluntario que dispone únicamente de dos ambulancias.

La demanda advierte que los centros de detención del DHS han sido previamente señalados como focos de brotes de enfermedades.

Impacto ambiental y seguridad pública en el centro del debate

El estado argumenta que el DHS no elaboró un informe público sobre los impactos del proyecto.

Entre ellos, se incluye la afectación a una zona que suministra más del 70 % del agua potable de Nueva Jersey.

También se menciona el impacto en sistemas críticos de alcantarillado.

Según la demanda, esta omisión es “legalmente fatal”.

Las autoridades sostienen que no se evaluaron adecuadamente los riesgos para la comunidad.

La gobernadora Sherrill enfatizó que la seguridad de los residentes es prioritaria.

Aseguró que el centro no aumentará la seguridad pública.

Por el contrario, advirtió que sobrecargará la infraestructura y los servicios locales.

El estado solicita al tribunal que impida la implementación del centro de detención en Roxbury.