Corte da revés a Trump y la nueva carga pública no se aplicará en Illinois

• Corte da un revés a Trump y la nueva carga pública no se aplicará en Illinois
• La medida ha sido impugnada y bloqueada por otros jueces en el país
• Con la ley de carga pública se niega residencia a quienes reciben beneficios públicos

Los cambios en la regla de carga pública, que ha regido durante más de 100 años para las personas que reciben ayuda federal, no se aplicarán en Illinois, dando un golpe a los intereses de la administración del presidente Donald Trump, indicó la corte federal de Apelaciones del Séptimo Circuito, en Chicago.

Según documentos judiciales a los que

tuvo acceso Efe este jueves, un panel de jueces mantuvo por 2-1 un amparo que bloquea el cumplimiento en este estado de las barreras impuestas el año pasado por el presidente Donald Trump a los inmigrantes que se postulan para la residencia permanente en los Estados Unidos.

A aquellos que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo se les niega la llamada «tarjeta verde» o Green Card de residente, porque son considerados una «carga pública», bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

El condado de Cook, de Illinois, y la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2019 por considerar que la medida era discriminatoria.

Según la demanda, la primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos fue renunciar a los beneficios casi en masa, por miedo a ser deportados.

Esto puso en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños que, en su mayoría, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.

El juez de la corte de distrito Gary Feinerman otorgó un amparo preliminar y suspendió la aplicación de la medida en el estado el 14 de octubre, un día antes de su entrada en efecto a nivel nacional.

El Gobierno apeló, pero la suspensión se mantuvo hasta el dictamen del panel de apelaciones, que este miércoles concluyó que el Condado de Cook había establecido su derecho a realizar la demanda, y que la corte de distrito no abusó de su discreción al aprobar el amparo.

Según los jueces, la aplicación de las nuevas disposiciones sobre carga pública tiene «numerosas fallas serias», incluyendo «consecuencias colaterales predecibles» para los gobiernos estatales y locales.

La regla hace que los inmigrantes, incluyendo a los que no son cubiertos por la regla, se den de baja «o eviten inscribirse» en los programas de cobertura de salud, tanto federales como estatales, señala el fallo.

«Esto ha provocado una reducción de las tasas de cobertura de medicina preventiva y hace que los inmigrantes busquen atención de emergencia en el sistema de hospitales del Condado de Cook, que ha debido enfrentar aumentos significativos en sus costos», agrega.

El fallo del Séptimo Circuito se aplica solamente a Illinois, aunque la medida impulsada por Trump ha sido impugnada y bloqueada por otros jueces en el país.

 

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La mayoría de los usuarios de cupones de alimentos son ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños y ancianos.

Unos nueve millones de usuarios son inmigrantes legales o niños ciudadanos con padres nacidos fuera del país.

 

En pleno coronavirus EE.UU. mantiene norma para considerar carga pública a inmigrantes beneficiarios

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener una norma que considera carga pública a los inmigrantes beneficiarios de ayudas gubernamentales, lo que puede afectar sus solicitudes de residencia permanente, al negar una moción presentada por un grupo de fiscales que buscaba suspender la aplicación de esta polémica medida en medio de la pandemia por coronavirus.

Según una decisión recogida por medios locales, el Supremo rechazó la solicitud presentada el pasado 13 de abril por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a nombre de una coalición de la que también hacen parte sus colegas de Connecticut y Vermont, para que el Alto Tribunal evaluara su decisión del pasado enero en la que falló en favor de la Administración del presidente Donald Trump de imponer esa reglamentación.

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La medida establece que un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

En específico, la norma afecta a los beneficiarios de planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda.

Sin embargo, el Alto Tribunal despejó este viernes el camino para que los demandantes acudan a una corte de primera instancia, según señaló James en un comunicado, al confirmar que liderará una nueva acción.

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“La orden de la Corte Suprema de esta noche nos permite continuar la lucha para detener la regla de carga pública durante la actual crisis de salud pública y nos da la oportunidad de presentar nuestro caso en un tribunal federal en Nueva York”, detalló James.

La fiscal indicó que presentarán una “moción de emergencia en el Distrito Sur de Nueva York”, al argumentar que el país “no puede darse el lujo de esperar”.

“La regla de carga pública amenaza la salud pública, nuestra economía y a todos los neoyorquinos, ciudadanos como no ciudadanos por igual. Toda persona que no obtenga la cobertura de salud que necesita hoy corre el riesgo de infectar a otra persona con el coronavirus mañana”, defendió.

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