• Juez frena inspecciones estatales
  • Colorado mantiene autoridad sanitaria
  • Investigación por tuberculosis continúa

Un juez federal bloqueó temporalmente parte de una nueva ley de Colorado destinada a ampliar las inspecciones estatales en centros privados de detención de inmigrantes.

La decisión afecta ciertos requisitos de supervisión, pero mantiene intactas facultades estatales existentes relacionadas con salud y seguridad.

Por qué importa: El fallo ocurre mientras Colorado investiga un caso confirmado de tuberculosis en una instalación de Aurora administrada por GEO Group.

La disputa plantea hasta dónde pueden llegar los estados al supervisar instalaciones privadas contratadas por el Gobierno federal para detener inmigrantes.

Juez limita inspecciones en centros migratorios en Colorado

El juez Daniel Domenico, del Distrito de Colorado, emitió el fallo tras una demanda presentada en junio por GEO contra el estado.

La compañía buscaba frenar una ley aprobada este año que fortalece la supervisión sanitaria y de seguridad en centros privados que albergan inmigrantes.

La orden bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección establecidos por la nueva legislación estatal.

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La medida permanecerá vigente hasta el 15 de octubre, cuando vence el actual contrato de GEO con ICE para operar el centro de Aurora.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, lamentó que la decisión temporal no fuera “el amplio alivio que buscaba”.

Sin embargo, destacó una parte del fallo que resulta clave para la investigación sanitaria actualmente abierta.

Según Weiser, la decisión judicial “deja intacta la autoridad existente de Colorado en materia de salud y seguridad”.

El punto clave: Esa autoridad no depende exclusivamente de las nuevas facultades establecidas por la legislación parcialmente bloqueada.

Caso de tuberculosis mantiene abierta otra batalla

La distinción resulta especialmente relevante debido a otra demanda presentada esta semana por las autoridades de Colorado contra GEO.

Colorado demandó el miércoles a la compañía para obligarla a cumplir una orden de salud pública relacionada con un caso confirmado de tuberculosis.

El caso fue detectado en el centro de detención de Aurora, ubicado al este de Denver y administrado por GEO Group.

La demanda estatal busca que la empresa coopere con la investigación relacionada con ese caso, según CBS News.

Esa acción judicial no depende de las nuevas facultades creadas por la legislación cuestionada por GEO.

En cambio, Colorado fundamentó su demanda en leyes sanitarias estatales que ya existían antes de aprobarse la nueva normativa.

Por esa razón, la demanda relacionada con la tuberculosis continúa pendiente pese al bloqueo temporal ordenado por Domenico.

“Nuestra demanda presentada ayer busca hacer cumplir esa autoridad existente y exigir que GEO coopere con la investigación estatal sobre tuberculosis”, afirmó Weiser.

El fiscal general también aseguró que Colorado continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para proteger la salud pública.

Qué sigue: Colorado podrá continuar litigando el caso sanitario mientras permanecen suspendidos determinados requisitos de inspección establecidos por la nueva ley.

Washington marca un antecedente para la disputa

El enfrentamiento entre Colorado y GEO tiene un antecedente directo en Washington, donde surgió otra batalla sobre inspecciones estatales.

GEO también intentó impedir inspecciones sanitarias en su centro privado de detención de inmigrantes ubicado en Tacoma.

Washington aprobó en 2023 una legislación que estableció estándares sanitarios para los centros privados de detención.

El conflicto derivó en años de litigios sobre la capacidad del estado para ingresar y supervisar las condiciones dentro de esas instalaciones.

En julio pasado, un tribunal federal ordenó a GEO permitir el ingreso de inspectores estatales al centro de Tacoma.

Los inspectores habían sido rechazados en diez ocasiones mientras investigaban más de 3.500 denuncias relacionadas con las condiciones dentro de la instalación.

El caso de Washington corresponde al Noveno Circuito federal y sirve como referencia para una discusión que supera las fronteras estatales.

El panorama general: Los litigios plantean una disputa sobre cuánto control pueden ejercer los estados sobre centros privados contratados por autoridades federales.

El caso de Colorado mantiene abierta esa interrogante mientras avanzan, por separado, la batalla sobre inspecciones y la investigación sanitaria por tuberculosis.