• Denver lleva caso a tribunales
  • Demanda cuestiona presencia de ICE
  • Gobierno niega patrullajes electorales

La ciudad de Denver, Colorado, y organizaciones de derechos civiles llevaron al Gobierno de Donald Trump a los tribunales por un asunto que toca inmigración y elecciones: la presencia de agentes federales armados en centros de votación.

La demanda presentada este jueves busca impedir que agentes de inmigración ejecuten órdenes judiciales en esos lugares, bajo el argumento de que su presencia podría intimidar a ciudadanos y alejarlos de las urnas.

El litigio señala al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella, por permitir, según los demandantes, acciones de aplicación de leyes migratorias civiles en instalaciones electorales.

El Gobierno sostiene una posición diferente: Mullin aseguró la semana pasada que ICE no está patrullando centros de votación y que sus agentes solo acudirían ante una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial.

¿Por qué la presencia de ICE en centros de votación llega a tribunales?

¿Por qué importa?: Los demandantes sostienen que ver agentes federales armados cerca de las urnas podría disuadir a ciudadanos, especialmente en comunidades hispanas, de ejercer su derecho al voto.

El dato: La demanda cita incidentes ocurridos desde la primavera en Texas y Nueva York como evidencia de que el conflicto no es únicamente hipotético.

El proceso: Un tribunal federal de Washington deberá analizar la petición para restringir las actuaciones de agentes migratorios armados en lugares donde se desarrollan elecciones.

¿Qué pueden hacer?: Los ciudadanos pueden consultar previamente su centro de votación y las instrucciones oficiales de las autoridades electorales locales para conocer dónde y cómo emitir su voto.

Uno de los argumentos centrales del litigio se apoya en una ley federal que limita la presencia de personal militar u otros agentes armados en lugares donde se celebran elecciones generales o especiales.

Según el texto citado por los demandantes, existe una excepción cuando esa presencia resulte necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.

La disputa, por tanto, no gira únicamente alrededor de las operaciones migratorias, sino sobre hasta dónde puede llegar la actuación de agentes federales armados dentro o alrededor de espacios destinados a votar.

Será el tribunal el que determine si las actuaciones cuestionadas están amparadas por la ley o si deben imponerse límites adicionales durante el proceso electoral.

Incidentes en Texas y Nueva York alimentan la demanda

Las organizaciones demandantes, varias de ellas dedicadas a proteger a la población hispana, aseguran haber registrado distintos episodios desde la primavera que sustentan sus preocupaciones.

Uno ocurrió en mayo durante las primarias de San Antonio, cuando agentes armados detuvieron a una persona en el estacionamiento de un centro de votación, según los hechos incluidos en la demanda.

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El episodio terminó después de que el sheriff del condado ordenara a los agentes abandonar el lugar, un incidente utilizado ahora para argumentar que estas operaciones pueden interferir con el ambiente alrededor de las urnas.

Otro caso ocurrió en junio en Syracuse, Nueva York, donde agentes de ICE entraron en un centro de votación para interrogar a una voluntaria electoral, según los demandantes.

Una batalla entre seguridad migratoria y acceso al voto

¿Por qué la presencia de ICE en centros de votación llega a tribunales?
¿Por qué la presencia de ICE en centros de votación llega a tribunales? Ilustración: generada con IA — MundoNow

El caso plantea ahora una pregunta que podría tener consecuencias más allá de Denver: qué límites deben respetar los agentes federales cuando una operación coincide con un lugar utilizado para votar.

Para los demandantes, incluso una operación dirigida contra una persona específica puede generar un efecto intimidatorio entre otros electores que observen agentes armados en el lugar.

La Administración, por su parte, rechaza que exista un despliegue sistemático de ICE en las urnas y sostiene que una intervención estaría vinculada a circunstancias concretas, como una amenaza o una orden judicial.

La decisión del tribunal será clave para establecer hasta dónde pueden llegar esas actuaciones y si se necesitan restricciones adicionales para proteger el acceso de los ciudadanos a los centros de votación.

Fuentes: Efe, KSN.