Un centro de detención del ICE será multado con $100,000 por no mantener a salvo a los inmigrantes detenidos

• GEO Group pagará acuerdo.
• California refuerza supervisión.
• Precedente para detenidos.

Un acuerdo entre GEO Group y Cal/OSHA refuerza la supervisión estatal sobre las condiciones laborales de inmigrantes detenidos que participan en programas de trabajo dentro de centros de detención en California.

GEO Group aceptó pagar más de 100,000 dólares para resolver un caso relacionado con las condiciones en una instalación de detención de inmigrantes en Central Valley, California.

El acuerdo fue firmado en mayo y dado a conocer el martes.

La resolución surge tras acusaciones de que la empresa no protegió adecuadamente a inmigrantes detenidos que realizaban labores dentro del centro.

GEO Group acepta acuerdo histórico en California

Un centro de detención del ICE en Central Valley deberá pagar una multa de 100,000 dólares por acusaciones de poner en riesgo a varios reclusos. https://t.co/WBxgqQ1tfR

— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 12, 2026

El caso representa una victoria para organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Estos grupos han impulsado durante años mayores controles sobre los centros de detención administrados por empresas privadas.

Actualmente operan ocho instalaciones privadas de este tipo en California, según Univision.

El aumento de inmigrantes detenidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump ha intensificado el debate sobre las condiciones en estos centros.

Los defensores sostienen que la supervisión estatal resulta necesaria para garantizar estándares mínimos de seguridad.

Cal/OSHA trató por primera vez a detenidos como trabajadores

El origen del caso se remonta a la pandemia de COVID-19.

Durante ese periodo, legisladores de California aprobaron una medida para permitir inspecciones estatales dentro de los centros de detención.

En 2022, Cal/OSHA abrió una investigación sobre el centro Golden State Annex, ubicado en McFarland.

La investigación comenzó después de recibir denuncias de defensores e inmigrantes detenidos.

Los inspectores concluyeron que GEO Group incurrió en violaciones relacionadas con la seguridad laboral.

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Según la agencia, la empresa no evitó la propagación del COVID-19 entre los detenidos que trabajaban en la instalación.

También determinó que existían otras deficiencias relacionadas con las medidas de protección. Ese procedimiento marcó un precedente.

Fue la primera ocasión conocida en que California consideró a inmigrantes detenidos como trabajadores para efectos de las leyes laborales estatales.

Al mismo tiempo, trató a los operadores privados como empleadores sujetos a esas normas.

Las personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecen detenidas por infracciones civiles.

No cumplen condenas penales. Sin embargo, algunos participan en un programa de trabajo voluntario.

Las tareas incluyen limpieza de instalaciones, preparación de alimentos y corte de cabello para otros detenidos.

Por esas actividades reciben un pago de un dólar diario.

Muchos aceptan participar para comprar productos en los economatos o realizar llamadas telefónicas a sus familiares.

El acuerdo fortalece la supervisión estatal en California

Como parte del convenio con Cal/OSHA, GEO Group aceptó fortalecer sus planes para controlar enfermedades dentro de las instalaciones.

La empresa también desistió de continuar apelando un fallo emitido por reguladores estatales el año pasado.

Esa resolución establecía que GEO Group estaba sujeta a las leyes laborales de California.

La empresa no respondió a una solicitud de comentarios sobre el acuerdo.

La portavoz de Cal/OSHA, Denisse Gómez, destacó el alcance de la resolución.

«Las personas que realizan trabajos en estas instalaciones tienen derecho a protecciones de seguridad en el lugar de trabajo, y este acuerdo refuerza el compromiso de Cal/OSHA de hacer cumplir esas protecciones y salvaguardar a los trabajadores vulnerables», señaló en un comunicado.

El conflicto entre operadores privados, autoridades federales y reguladores estatales continúa.

El mes pasado, un juez federal respaldó a funcionarios de salud del condado de San Diego.

La decisión ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y a CoreCivic permitir el ingreso de un inspector al Centro de Detención de Otay Mesa.

Esa instalación cuenta con 1,400 camas y se encuentra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Posteriormente, CoreCivic vendió ese centro y otra instalación ubicada en el condado de Kern al gobierno federal.

La operación fue reportada por CalMatters.

Mientras tanto, continúan varias demandas federales relacionadas con el pago de un dólar diario a los detenidos que trabajan.

El mes pasado, GEO Group obtuvo una actualización de las normas del ICE para contratistas de detención, según informó The Washington Post.

Las nuevas disposiciones establecen que los detenidos «no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo las leyes salariales o regulaciones laborales aplicables».

El acuerdo anunciado esta semana añade un nuevo capítulo al debate sobre la supervisión estatal de los centros privados de detención y las condiciones bajo las cuales trabajan las personas que permanecen bajo custodia migratoria.