• EEUU ataca dos barcos
  • Ofensiva deja al menos cinco muertos
  • Legalidad genera controversia

Estados Unidos amplió su ofensiva militar contra presuntos narcotraficantes en aguas latinoamericanas, con dos nuevos ataques que dejaron cinco muertos en la costa del Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó las operaciones y aseguró que las embarcaciones atacadas transportaban drogas ilícitas.

Los incidentes, ocurridos entre martes y miércoles, marcan el inicio de una nueva fase en la estrategia antidrogas de la administración Trump, que hasta ahora se había concentrado en el Caribe.

Según el Pentágono, los ataques se realizaron en aguas internacionales, fuera del territorio colombiano, donde las autoridades detectaron movimientos sospechosos.

El primer operativo dejó dos fallecidos, mientras que el segundo, apenas 24 horas después, provocó la muerte de tres tripulantes. “Sabíamos que estaban involucrados en el contrabando ilícito de narcóticos”, declaró Hegseth, quien añadió que los barcos pertenecían a una “Organización Terrorista Designada”.

Imágenes y controversia internacional

EEUU ataca dos barcos en el Pacífico
EEUU ataca dos barcos en el Pacífico y deja 5 muertos-Foto: Shutterstock

El Departamento de Defensa difundió videos de los ataques que muestran a las embarcaciones envueltas en llamas tras ser impactadas. En uno de ellos se observan paquetes flotando en el agua, presuntamente cargamentos de droga.

Aunque ningún militar estadounidense resultó herido, las imágenes desataron polémica en medios internacionales.
Diversas organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de información sobre las víctimas y la legalidad de los ataques.

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Hasta el momento, el Pentágono no ha revelado las nacionalidades de los ocupantes de los barcos. “Queremos mantener el fentanilo fuera de Estados Unidos, pero esas rutas se usan principalmente para llevar cocaína a Europa”, señaló el senador demócrata Mark Kelly en el programa Face the Nation.

Kelly también cuestionó la falta de claridad en la justificación legal de los ataques. “Les costó mucho explicarnos la constitucionalidad de hacerlo”, dijo, tras confirmar que el Congreso fue informado de la existencia de una lista secreta con más de 20 cárteles considerados enemigos del país.

La doctrina del “conflicto armado”

La administración Trump sostiene que el país enfrenta un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga. Según esa postura, las muertes derivadas del tráfico de narcóticos equivalen a un ataque armado contra el pueblo estadounidense.

Esta interpretación ha generado rechazo entre legisladores y juristas, que ven en la doctrina una ampliación peligrosa del poder militar.

Expertos advierten que podría servir de precedente para justificar ataques fuera de las fronteras estadounidenses sin autorización del Congreso.

El secretario Hegseth defendió la estrategia al afirmar que “Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados mientras los cárteles matan a nuestros ciudadanos”. Mientras tanto, grupos civiles y gobiernos latinoamericanos han solicitado transparencia sobre los criterios usados para identificar los objetivos.

Colaboración regional y tensiones

La República Dominicana autorizó al ejército estadounidense el uso de sus aeropuertos para vuelos antinarcóticos en el Caribe. Dos funcionarios confirmaron a CBS News que esta medida refuerza la cooperación bilateral en operaciones de inteligencia y apoyo logístico.

Ecuador y Colombia también se han visto involucrados indirectamente en las recientes acciones. La semana pasada, dos hombres sobrevivieron al ataque de un submarino con supuesta carga de droga; uno fue liberado en Ecuador y otro permanece hospitalizado en Colombia.

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, explicó que el sobreviviente “llegó con traumatismo craneoencefálico, sedado y conectado a un respirador”.
Pese a ello, las autoridades locales informaron que será procesado por delitos relacionados con narcotráfico.

Los ataques recientes confirman la intensificación de la guerra antidrogas impulsada por Washington.
Sin embargo, el costo humano y la ambigüedad legal de las operaciones siguen generando fuertes críticas dentro y fuera de Estados Unidos.