• Cambio discreto en deportaciones
  • Menos redadas visibles
  • Presión por cifras aumenta

La estrategia migratoria del gobierno del presidente Donald Trump muestra un giro en su ejecución, sin modificar sus objetivos centrales.

Durante su audiencia de confirmación, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dejó clara su prioridad: evitar protagonismo mediático.

Por qué importa: El cambio de tono no implica una reducción en las metas de deportación, sino una transformación en cómo se implementan.

Deportaciones de Trump avanzan con menor visibilidad

Mullin ha logrado, en parte, mantener a su departamento fuera de titulares, según Telemundo.

Han desaparecido escenas públicas como enfrentamientos entre autoridades y manifestantes que marcaron etapas anteriores.

Su estilo contrasta con el de su predecesora, Kristi Noem, quien realizó operativos visibles junto a ICE en Nueva York.

Mullin, en cambio, priorizó viajes como el de Carolina del Norte para supervisar labores tras un huracán.

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Este cambio refleja una recalibración del enfoque republicano en materia migratoria.

El objetivo sigue siendo el mismo, pero con menor exposición pública.

Según Mullin, las deportaciones continúan, enfocadas en “lo peor de lo peor”.

Afirmó que la aplicación de la ley sigue activa, aunque con menor visibilidad.

Caen detenciones, pero no los objetivos

Las cifras recientes muestran una disminución en las detenciones migratorias.

El número de personas bajo custodia pasó de aproximadamente 72,000 en enero a 58,000 actualmente.

Sin embargo, el gobierno insiste en que no ha reducido sus metas de deportación.

La caída en operativos visibles ha generado dudas sobre la estrategia real.

El año pasado, redadas en ciudades gobernadas por demócratas aumentaron los arrestos.

Estas acciones derivaron en enfrentamientos y en la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis.

Desde entonces, no se han lanzado operativos urbanos de alto perfil.

Al mismo tiempo, la agenda migratoria ha perdido popularidad entre votantes.

Esto ha contribuido al cambio hacia una ejecución más discreta.

Presión legal y nuevas herramientas de control

El gobierno ha intensificado otras vías para cumplir sus objetivos.

Una de ellas es la reducción de protecciones legales para migrantes con estatus temporal.

Las aprobaciones de green cards se redujeron a la mitad en un año.

Las visas humanitarias registraron las caídas más pronunciadas.

El gobierno atribuye este descenso a un mayor escrutinio en los procesos.

También ha impulsado la revocación del Estatus de Protección Temporal.

Un caso clave sobre esta política está siendo evaluado por la Corte Suprema.

Además, ICE ha ampliado acuerdos con autoridades locales bajo el programa 287g.

Estos acuerdos pasaron de 135 en 20 estados a más de 1,400 en 41 estados y territorios.

Permiten a fuerzas locales asumir funciones migratorias, desde cárceles hasta controles de tráfico.

Algunos estados han hecho obligatoria la cooperación con ICE.

Paralelamente, se han propuesto medidas para dificultar la vida de migrantes indocumentados.

Entre ellas, restricciones a vivienda pública y el intercambio de datos con ICE.

También se ha planteado exigir registros ante el gobierno federal.

Sectores conservadores piden medidas más estrictas, como auditorías laborales sistemáticas.

Argumentan que limitar el acceso al empleo incentivaría la salida voluntaria de migrantes.

A pesar del cambio de tono, la presión política se mantiene.

Organizaciones afines consideran que las cifras actuales siguen siendo insuficientes.

Lo que viene: La administración enfrenta el reto de aumentar deportaciones sin recurrir a tácticas que generen rechazo público.