Alarma por plan de Trump de medir estatus migratorio en el censo

- Polémica por Censo 2030
- Temor a subregistro latino
- Críticas constitucionales al plan
Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre estatus migratorio en una prueba del Censo 2030.
La administración republicana confirmó que la pregunta formará parte de un ejercicio piloto que se realizará en los próximos meses.
El anuncio reactivó una disputa política y legal que ya había marcado intentos previos de modificar el conteo poblacional en Estados Unidos.
La iniciativa retoma una vieja exigencia de sectores republicanos para clasificar a las personas según su estatus migratorio.
Censo 2030 enfrenta críticas por pregunta sobre estatus migratorio
Plan de Trump para incluir pregunta de ciudadanía en prueba del censo alarma a activistashttps://t.co/yB3gb8SP1P
Defensores de los inmigrantes condenaron el plan de Trump de incluir, en una prueba piloto del censo 2030, una pregunta sobre el estatus migratorio. pic.twitter.com/2g5Lu4AGdC— El Minnesota de Hoy (@MNHoy) February 7, 2026
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alertaron que la medida tendría un impacto directo en la participación del censo.
Voto Latino calificó el plan como un intento deliberado de suprimir la participación de comunidades latinas.
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En un comunicado, la organización aseguró que la pregunta busca borrar a comunidades de color del mapa estadounidense.
“Que no quepa duda”, advirtió Voto Latino, al señalar que la inclusión de la pregunta no es neutral.
La asociación afirmó que se trata de un ataque directo contra estados con altas poblaciones inmigrantes.
Según el grupo, la medida tendría como consecuencia la pérdida de recursos federales.
También podría afectar la representación política derivada de los datos del censo.
Voto Latino sostuvo que la propuesta viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
Dicha enmienda exige contar a todas las personas que viven en Estados Unidos.
La obligación constitucional aplica independientemente del estatus migratorio de cada residente.
Para los defensores, cualquier cambio que limite esa premisa atenta contra el principio del censo.
Antecedentes del intento impulsado por Trump
Census Bureau plans to use survey with a citizenship question in its test for 2030, alarming expertshttps://t.co/8nKCZIwxnD pic.twitter.com/2jGbFhq75k
— The Washington Times (@WashTimes) February 6, 2026
No es la primera vez que Trump impulsa cambios al conteo poblacional.
Durante su primer mandato, intentó incluir una pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020.
Ese esfuerzo fue bloqueado por los tribunales tras varias demandas.
Las cortes impidieron que la pregunta apareciera en los formularios finales.
El año pasado, Trump propuso un nuevo censo para 2026.
Ese conteo buscaba excluir a inmigrantes en situación irregular.
La propuesta se dio en medio de su impulso por nuevos distritos electorales.
El objetivo era favorecer a los republicanos en el Congreso.
Especialistas calificaron el plan como inconstitucional.
Argumentaron que la Constitución establece un censo cada diez años.
El próximo conteo oficial está programado para 2030.
La Constitución ordena contar el número total de personas en cada estado.
De ese conteo depende la distribución de recursos federales.
También se define la representación electoral.
Ante esas críticas, Trump reculó en su intento del censo alterno.
¿Qué contempla la prueba del Censo?

La administración confirmó que la pregunta se incluirá en una prueba piloto.
El ejercicio se realizará entre abril y septiembre de este año.
Participarán alrededor de 155,000 hogares.
Las comunidades seleccionadas están en Huntsville, Alabama.
También en Spartanburg, Carolina del Sur.
El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, supervisa la Oficina del Censo.
Se espera que apoye el esfuerzo para incluir la pregunta.
La decisión final podría influir en los formularios del Censo 2030.
Más de 68 millones de personas latinas viven en Estados Unidos.
Representan casi una de cada cinco personas en el país.
Según Voto Latino, un tercio de los hogares latinos corre riesgo de no ser contado.
El temor principal es el uso de información personal.
Las familias temen que los datos sean compartidos con ICE.
Ese miedo, advierten las organizaciones, podría profundizar la desconfianza.
La prueba del censo vuelve a encender el debate nacional.
El resultado podría definir el alcance del conteo en 2030.
Y reabrir una batalla legal y política de alto impacto.
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