• Espionaje en celulares
  • Debate sobre privacidad
  • ICE bajo presión

Un senador demócrata encendió las alarmas tras revelar que ICE compró tecnología capaz de tomar control secreto de teléfonos.

El uso de spyware por agencias migratorias abre un debate crítico sobre privacidad, vigilancia estatal y derechos civiles en EE.UU.

El senador Gary Peters pidió explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional sobre la compra del software Graphite.

La herramienta puede acceder a mensajes, fotos, ubicación y otros datos sin que el usuario lo detecte.

El caso plantea una de las mayores controversias recientes sobre vigilancia en territorio estadounidense.

Un software con capacidad de espionaje total

Foto: ChatGPT. ¡Ahora el ICE puede espiarte!

Graphite es una herramienta de vigilancia desarrollada para infiltrarse en dispositivos móviles.

Según el senador, permite tomar control encubierto de teléfonos y recolectar información sensible.

ICE adquirió el sistema por unos 2 millones de dólares mediante un contrato directo.

El legislador advirtió que su uso representa una expansión significativa del poder de vigilancia.

También recordó que tecnologías similares han sido utilizadas contra periodistas en otros países.

Preocupación por derechos civiles

Foto: ChatGPT. ¡Ahora el ICE puede espiarte!

Peters expresó estar “profundamente preocupado” por un posible uso dentro de EE.UU.

Solicitó saber si el software ha sido utilizado contra ciudadanos, migrantes o manifestantes.

El foco está en si se han vulnerado actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Además, pidió detalles sobre cuántas personas han sido objetivo del sistema.

También cuestionó si los datos han sido compartidos con otras agencias o entidades privadas.

ICE defiende el uso de tecnología

Desde el Departamento de Seguridad Nacional defendieron el uso de herramientas tecnológicas.

Aseguran que estas ayudan a combatir delitos como narcotráfico, trata y crimen organizado.

La agencia sostiene que sus operaciones respetan la privacidad y los derechos civiles.

Sin embargo, el Congreso no tiene control directo sobre ICE en este caso.

El senador dio plazo hasta el 7 de agosto para recibir respuestas formales.

La polémica deja abierta una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia estatal?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aranceles de Trump complican negociación con México